Tuesday, January 10, 2006

Paradojas constitucionales

Tras el revuelo Mena, y visto que muchos se tomaban en serio la interpretación golpista del artículo 8 de la Constitución, fui a leérmelo con cuidado. Hasta ahora yo había rechazado, por tramposas, las quejas de los separatistas sobre ese malhadado artículo, que me parecía simplemente la enunciación de una obviedad. Sin embargo, la lectura de un penetrante suelto de un tal Lucrecio y este debate en mi foro me han despertado una inquietud considerable por la posición terriblemente ambigua del Ejército en nuestra democracia. ¿Será posible que tengan razón, que la nuestra sea una democracia tutelada, a la turca? No me cabía en la cabeza. Sí, es cierto que no se declara expresamente la subordinación a la autoridad civil, pero no por ello se afirma lo contrario. En otras partes de la Constitución se aclarará, o en la ley orgánica que el mismo artículo 8 ordenaba formular, me dije.

Mi certeza sobre este punto era absoluta y previa a la investigación. Uno puede no conocer los artículos, pero conoce la sociedad en que vive, y la experiencia continuada que tenemos del Ejército es la de un cuerpo (¿estamento, órgano?) impecablemente subordinado al Ejecutivo. Si en alguna parte del ordenamiento legal no se marcasen los términos de esa subordinación, ¿por qué razón iban a tragarse los militares con encomiable lealtad sapos como la retirada de Irak?

Con estas premisas y la mosca detrás de la oreja me he puesto a buscar en la Constitución. Y en efecto, el artículo 97 dice que es el Gobierno quien dirige la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa del Estado.

Por otra parte, en el Título referente a la Corona se establece (art. 62) que corresponde al Rey el mando supremo de las Fuerzas Armadas. ¿Y puede ejercerlo según su criterio personal? No, por cierto. El artículo 64 establece que sus actos deberán ser refrendados por el Presidente del Gobierno, los ministros o el Presidente del Congreso, según corresponda.
En cuanto a la Ley 85/1978, de 28 de diciembre, de Reales Ordenanzas de las Fuerzas Armadas, lo cierto es que no aclara mucho. Sí que lo hace una Ley Orgánica 5/2005, de 77 de noviembre, de la Defensa Nacional, que especifica muy claramente la cadena de mando y las funciones de cada uno.
Parece todo claro y homologable a cualquier otro régimen democrático moderno. La Reina de Suecia tendrá también el mando supremo de sus fuerzas armadas, y sus actos estarán igualmente sujetos a refrendo. El ejército belga tendrá seguramente como misión velar por la integridad del Estado belga y su ordenamiento constitucional.

¿Cuál es pues, nuestro peculiar hecho diferencial? Apenas una ausencia, un agujerito, una grieta. Recordémoslo; el artículo 8.1 reza así: Las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional.

No dice “a las órdenes de la autoridad civil legalmente constituida”, o “según determine el Ejecutivo”. No dice nada. Y sobre ese agujero construyen algunos un mundo. Trataré aquí de analizar la posibilidad de que ese mundo tenga algún tipo de consistencia, usando para ello los únicos instrumentos de que dispongo: sentido común y capacidad de raciocinio. No ignoro que el derecho se desarrolla muy a menudo al margen de esas dos habilidades humanas, pero creo y espero que no será el caso cuando se trata de las leyes fundamentales.

Veamos. En prácticamente cualquier caso concebible este peligro sería exterior, el Gobierno estaría en disposición de dar las órdenes pertinentes y el Ejército de obedecerlas. El caso más complicado que uno podía vislumbrar hasta ahora era la ciertamente peliaguda hipótesis de que un gobierno regional se declarase en rebeldía y llevase a cabo contra la voluntad expresa del Gobierno central actos políticos para los que no tuviera competencia. Aun entonces, la supuesta intervención militar seguiría supeditada al poder político (Déme la orden, señor presidente, y acabo con ellos en tres horas...). La decisión, la durísima decisión de enviar tropas contra su propio pueblo recaería en un presidente electo y legítimo.

Las declaraciones de Mena abren una variante inédita en que sería el Ejército por su cuenta y riesgo el que decidiese que es el propio Gobierno quien pone en peligro la Constitución o la integridad del territorio. Si el gobierno, dicen los apologetas de Mena, con la complicidad o anuencia del TC, aprueba con todos los requisitos legales algo que a Mena le parezca anticonstitucional, él, obedeciendo el mandato del artículo 8 (y contraviniendo, aunque eso no lo dicen, el 97 y el 62, por no hablar de las leyes de desarrollo), actuará en consecuencia.

(Aunque no es el objeto de este texto, y para evitar confusiones y desvíos de la materia, declararé muy brevemente que comparto el diagnóstico de Mena –de Rajoy, de Leguina, de González, dicen, en privado...- sobre la imposibilidad de que de este proyecto salga, tras las negociaciones en curso, un Estatuto constitucional de verdad; que sí contemplo como muy posible que el texto que salga sea bendecido por el TC, y que entiendo que llegados a ese punto estaría todo el pescado vendido)

Se me ocurren un montón de objeciones a esta interpretación. La mayoría de los que la apoyan lo hacen basándose en una lectura restrictiva de la mitad de un artículo como si éste flotara en medio de la nada cósmica, como si no hubiera un sistema legal completo de referencias cruzadas. La mera mención de todos los textos legales que sí supeditan la acción militar al poder civil erige ya una sólida barrera de oposición.

Además, las reducciones al absurdo son potentes y expresivas. Hay muchos mandatos constitucionales de tipo genérico no cumplidos, como el reconocimiento del derecho a la vivienda digna. El ejército podría alzarse en armas para garantizar ese punto del ordenamiento constitucional que ningún gobierno ha procurado. Podemos postular también una invasión por tropas muy superiores ante la cual el Gobierno decidiera rendirse sin luchar, por salvar vidas; el ejército, cumpliendo su mandato, podría deponer al Gobierno y continuar la guerra.

Pero me resulta más instructivo poner a prueba la teoría golpista contra sí misma. Si en efecto el artículo 8 facultara al Ejército para decidir de manera autónoma cuándo está en peligro el ordenamiento constitucional, en la hipótesis que nos ocupa se produciría la siguiente secuencia de hechos, todos pefectamente constitucionales (suponemos una unánime, eficacísima y fulminante acción militar, y la total ausencia de oposición civil, por más improbables que sean ambas condiciones, para centrarnos en la cuestión teórica):

-El TC estima que el Estatut aprobado por las Cortes es conforme a la Constitución.
-El Estatut entra legalmente en vigor.
-El Ejército se considera obligado a intervenir. El gobierno es depuesto por la fuerza, el Parlamento disuelto. El Estatut queda derogado por un gobierno militar provisional, que, restablecido el Ordenamiento Constitucional y la Unidad de la Patria, convoca elecciones al Parlamento.
-Las Cortes surgidas de esas elecciones nombran un gobierno del PSOE. El gobierno recién nombrado restablece el Estatut y ordena el arresto de la cúpula militar.
-El Ejército, en aplicación del artículo 8, toma el poder por la fuerza, depone al gobierno, deroga el Estatut y vuelve a convocar elecciones...

Un bonito bucle, cuando menos. Y no parece que los padres de la patria quisieran eso. No, definitivamente la interpretación golpista del artículo 8 de la Constitución no parece, a ojos legos, la más acertada. Uno encuentra mucho más lógico y coherente considerar restringido ese mandato de defensa a lo que ordene el Gobierno, como en todos los países de nuestro entorno político.

Es innegable sin embargo que el agujero está ahí. Que la interpretación es posible. Y eso basta para dar alas a individuos como Mena. Pero ¿qué más da -dirán algunos- la interpretación que se pueda o no hacer si estamos hablando de un golpista? Llegado el momento, el tipo se pondrá la ley por montera y ya está. Ah, diría que eso es no conocer a los militares y sus fetiches, su respuesta pavloviana a palabras como honor, lealtad, juramento. No estamos hablando de canallas sin escrúpulos, sino de hombres profundamente comprometidos con un deber, hombres incapaces casi físicamente de desobedecer una orden. Por cabreados que estén, y no me cabe duda de que muchos están al rojo vivo, jamás harán nada que contravenga su compromiso. Por eso es tan importante para ellos ese artículo, esa ausencia al final de la frase, esa grieta: es lo único que les permitiría, llegado el caso, hacer lo que seguramente estén deseando hacer.

Y todo esto me deja levemente preocupado, pero sobre todo con una decepción importante sobre la chapuza de ordenamiento político-legal que tenemos.

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8 Comments:

Blogger Paolo said...

"Por eso es tan importante para ellos ese artículo, esa ausencia al final de la frase, esa grieta: es lo único que les permitirá, llegado el caso, hacer lo que seguramente están deseando hacer."

A mí me causa algo de perplejidad esta frase. Cómo sabes lo que el ejército (esa abstracción absoluta) está deseando seguramente hacer. Yo tengo otra percepción de la realidad.

Primero, por supuesto que el estamento militar está sometido al poder civil, y el artículo 8 de la Constitución no puede ser esgrimido en contra salvo a través de un rocambolesco juego intepretativo en el que sea despreciado todo su entorno social, político y jurídico. Ese artículo no dice nada explícito, cierto, pero porque no necesita decir nada, porque de todo el ordenamiento jurídico español (incluidos otros artículos de la Constitución) quedan manifiestamente claras cómo son las cosas. (Y, aclaro, Lucrecio es Gabriel Albiac, yo no me fío mucho del sujeto, la verdad.)

Segundo, la frase de marras de Mena, por inaceptable que sea (que para mí lo es) y por inoportuna (que también lo es) no deja de ser la expresión de una preocupación de alguien que en lo suyo tiene cierta relevancia. Por supuesto que lo suyo es un sector muy sensible dentro del ordenamiento legal y la seguridad jurídica de un estado, pero considerar su discurso como se hace desde determinados medios (no, por cierto, desde el proio Ministerio de Defensa) como una arenga golpista me parece cuando menos exagerado. Me lo parece así, porque este tipo no dijo lo que dijo subido a un tanque, ni se acuarteló con sus hombres inmediatamente después de decirlo, sino que se fue tranquilamente a su casa, y al día siguiente, a las 10, cumpliendo órdenes, se encontraba ya allí donde lo había citado el Ministro de Defensa. Así que vamos a no sacar las cosas de quicio. Yo creo que tenemos un ejército dirigido por personas con talante democrático, que conoce a la perfección su papel y sus subordinaciones, y todo lo demás son ganas de joder la marana.

8:51 AM  
Blogger Ignacio said...

No hombre, el sujeto de esa frase, el "ellos" de marras lo puedes encontrar un poco más arriba, son los individuos como Mena, sin que pueda yo aventurarme a decir si son ocho u ochenta.

(Y no creo que sean muchos ni influyentes los potenciales golpistas: volviendo a leer el final, creo que voy a modificar el grado de preocupación, que no es tanto)

El artículo no necesitará decir nada, pero estaría mucho mejor si lo dijera, joder, creo que no hay duda de eso.

El discurso no es una arenga golpista, pero sí una amenaza escasamente velada. Como chantaje lo ha definido algún periódico norteamericano, y me parece una palabra adecuada.

Y finalmente, si uno tuviera difusión e influencia a lo mejor se pensaría llenar sus reflexiones de cautelas para evitar utilizaciones no deseadas (en este caso, por ejemplo, de los victimistas de siempre que están deseando dibujar un escenario de fascismo centralista que sólo existe en sus mentes delirantes), pero anónimo como es uno puede ahorrarse ese trabajo.

Esto es una reflexión sobre una debilidad de nuestro sistema que yo no conocía y que me ha dejado perplejo y decepcionado. Nada más.

9:31 AM  
Blogger Ignacio said...

Así que era Albiac... Al final hay poca gente que sepa escribir, son habas contadas.

9:36 AM  
Blogger Paolo said...

Pero, ¿de verdad crees que este Mena está deseando dar un golpe de estado? ¿Deduces eso de esta especie de martirio voluntario ("todo sea por la patria y por el honor", debe de pensar) ejecutado, arrogándose una representación ilegítima y que nadie le ha pedido, por un hombre al que le quedan cuatro meses para jubilarse?

Por cierto, ¿alguien sabe lo que es una "marana"? XDDDDDDD

11:29 AM  
Blogger lola said...

Oye, sólo por terciar, porque creo que en tu escrito planteas correctamente la cuestión, es decir lo ambiguo del caso. Hace unos pocos años, leí el libro del ex-Jefe de la Casa real, General Sabino Fernández Campos, "Escritos políticos y morales". Bien, pues incluye un estudio sobre el papel del Ejército -y de su mando: la Corona- en la Constitución. El general lo tiene muy claro: ante la (precisamente!!!) hipótesis de una política frívola y puramente electoralista que pusiera en peligro la unidad de la patria, la Constitución obliga al Rey a intervenir, al mando de las FFAA.

Por cierto, el libro es muy interesante. Incluye una reflexión sobre Maquiavelo (por eso lo leí), algunos apuntes biográficos... Todo un personaje, el General.

Lola (paraules)

5:21 PM  
Blogger Ignacio said...

Pues ya ves, Paolo. No es que estén deseando dar un golpe de estado así en abstracto, por el gusto de darlo; y desde luego imagino que, como nuestro Bellerofonte, preferirán que no se llegue al caso, pero sí que me parece verosímil que en la presente situación estén, en su fuero interno, calculando hasta dónde pueden tolerar y con ganas de que alguien levante la bandera si el gobierno va más allá.

Es curioso que tipos que en el apartado de las lealtades nos parecen a nosotros, pobres civiles, tan opuestos como Fernández Campo (gracias, Lola, un saludo) y Milans del Bosch apelan por igual al artículo de marras.

Es una coartada, y está ahí. Y no me gusta un pelo. La mayoría de la gente (no sólo los militares) es capaz de hacer, si tiene una excusa que darse a sí misma, cosas que jamás haría si no la tuviera.

10:12 PM  
Blogger Egonauta said...

Después de leeros con apasionada atención, solo me permitiría cambiar el título de tu estupendo post. Yo lo llamaría Parajodas Constitucionales.

El artículo 8.1 de la Constitución, que tan bien analizas en tu escrito; a la luz de todo el entramado jurídico que lo rodea y, sobre todo, a la luz de la razón, reza: – y copio tu mismo texto para mayor comodidad-

Las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional.

El “ordenamiento constitucional” no es pura filfa, constituye, ni más ni menos, que la ley marco y soporte de todo el ordenamiento jurídico español. Ese ordenamiento, y su supeditación al marco y referencia constitucional, no tienen otro árbitro que el Tribunal Constitucional. La defensa del “ordenamiento constitucional” compete a la autoridad civil, gobierno y parlamentos electos en forma sucesiva y subsidiaria. Por encima de ellos, está, como único garante, el Tribunal Constitucional, último intérprete de sus preceptos y procedimientos. Todo lo demás es como tomar el todo por las partes, o decir que: Poncio Pilatos fue crucificado, muerto y sepultado…….

Las declaraciones de Mena, tan mal articuladas como inoportunas, son exponente de un cabreo, que debió ser controlado, pero que posiblemente ha sido atizado por políticos de ambos bandos; unos para salir de un avispero otros para excitar más a las avispas.

Estupendo tu análisis.

Un saludo

Egonauta

11:17 PM  
Blogger Brian said...

La clave, Ignacio, y tu lo sabes tan bien como yo,está en esta frase de tu exposición:

"Si el gobierno, dicen los apologetas de Mena, con la complicidad o anuencia del TC, aprueba con todos los requisitos legales algo que a Mena le parezca anticonstitucional…"

Derecho a ley, la única manera de que algo parezca inconstitucional es que sea inconstitucional. Y esta circunstancia está perfectamente regulada sin que en dicha regulación aparezcan, ni por asomo, los generales.

Como ya hemos apuntado casi todos, este agujero, o ambigüedad (calculada o no) en el artículo 8 es, muy probablemente, producto de las particulares circunstancias y delicados equilibrios que concurrían en el momento en que se alumbró nuestra ley fundamental. Pero el espíritu de la misma, tomada en su integridad, no deja lugar a dudas: España es un estado de derecho en el que todos los resortes del mismo, incluídas las F.A., están sometidos al poder civil. Y ese poder civil está articulado mediante todo un entramado legal e institucional que hace imposible ese extravagante e interesado vacío de poder que alguna álma cándida, con imaginación digna de mejor causa, invocaba en nuestro foro.

2:32 PM  

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